La salud, como derecho humano, alcanza a las mujeres en diferentes grados dependiendo de factores que no siempre están asociados a lo biológico. El ambiente psicosocial en que desarrollan su vida, influye de manera determinante en su bienestar físico y psíquico. El acceso a los recursos del sistema de salud en igualdad de condiciones, se convierte en un camino espinoso donde los primeros obstáculos a sortear son la mentalidad y los prejuicios patriarcales que se despliegan en el campo de la medicina hegemónica. Según la Organización Mundial de la Salud algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son: las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres; las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación y encontrar oportunidades de empleo; la atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y el padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional.
Los principales obstáculos se dan en el campo de la salud sexual y reproductiva, donde las dificultades en el acceso a los servicios de salud se agravan notablemente entre las mujeres de sectores más vulnerables. El incumplimiento de derechos garantizados por ley, muchas veces con el aval de una justicia cómplice, deja a miles de mujeres y niñas expuestas a vivir situaciones de violencia para las que no están preparadas. La autonomía de los cuerpos de las mujeres tiene un límite perverso en el sistema de salud.
El acceso al aborto no punible depende hoy, en muchos casos, del parecer personal de las o los profesionales de la salud, cuando en realidad se trata de un derecho expresamente garantizado por la ley, cuya constitucionalidad ha sido refrendada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, no debiera ser materia de discusiones ni de judicialización, ni tampoco dar lugar a la intromisión de sectores ajenos a la problemática. Entre muchos casos similares, el de la joven tucumana “Belén” representa la muestra más acabada de cómo el sistema de salud puede convertirse en un cruel tribunal, que juzga y condena de antemano a una mujer. Aquí es donde mueren todos los protocolos y leyes. El ejercicio de un poder simbólico disciplinador, que se arrogan lxs encargadxs de impartir los bienes de la salud, recae con todo su peso sobre el derecho de las mujeres a disponer libremente de sus cuerpos. Las empujan a la clandestinidad, a condiciones de gran inseguridad para interrumpir un embarazo.
Enrejadas. Por Luciana Peker
Declaración de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
No más seguras son las condiciones para quienes sí desean seguir adelante con un embarazo. Diariamente, 1600 mujeres en todo el mundo y más de 10.000 recién nacidos mueren de complicaciones prevenibles del embarazo y del parto. Cerca del 99% de la mortalidad materna y del 90% de la mortalidad neonatal se produce en el mundo en desarrollo. En las sociedades donde el patriarcado y la mirada masculina formula leyes sociales inexistentes en los códigos judiciales, la maternidad elegida también es zona de disputa de poder. La violencia obstétrica, visibilizada cada vez con más frecuencia, recae sin piedad sobre todo en las mujeres pobres. No querer parir tiene sus consecuencias. Querer parir sin la tutela del sistema de salud también. Sin embargo, las preguntas sobre cómo llevar un embarazo, cómo parir, cómo vivir el puerperio, comienzan a correr el eje de la gestación humana desde un lugar de enfermedad, donde la comodidad de médicas y médicos se privilegia hasta el absurdo, hacia un espacio de discusión sobre un alumbramiento respetado, donde las mujeres puedan ejercer el control sobre su forma de parir, y el sistema de salud las acompañe.
La decisión de parir. Redacción Zepa
Programa de Prevención de la Violencia Obstétrica. CNM-Consejo Nacional de las Mujeres
No podemos hablar de estas temáticas sin mencionar también el acceso a la información. La adecuada implementación de la ley de Educación Sexual Integral sigue encontrando trabas en muchos puntos del país, incluida Mendoza. Para las y los estudiantes primarios y secundarios, el derecho a recibir información por parte del Estado implica que tengan la posibilidad de tomar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia. El Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable garantiza diferentes derechos; derechos que en muchas ocasiones los propios efectores de salud se encargan de cercenar, como el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, conserjerías pos y pre aborto, información clara acerca de los casos donde aplique el Protocolo Nacional de Aborto no Punible entre otros. Lamentablemente, la coyuntura política no permite vislumbrar un cambio de rumbo positivo. Es más, aún no sabemos a ciencia cierta cuál será el destino que la actual gestión nacional vaya a imprimirle, teniendo en cuenta que muchos de los programas asociados a la salud de la población en general, y algunos vinculados específicamente a las mujeres, han sido vaciados desde diciembre hasta la fecha y nadie puede asegurar cuál será su suerte final.
En salud, falta lo que "sobraba". Por Washington Uranga
En el marco de la salud integral de las mujeres, la dependencia de factores sociales, ambientales, étnicos, geográficos, etc., implica una diversidad de condicionamientos que evidencia las fallas del modelo medicinal hegemónico. Prácticas sociales diferentes, el hábitat rural, zonas urbano-marginales, mujeres migrantes, constituyen espacios que plantean interrogantes al sistema de salud y exigen abordajes diferenciados. Sin embargo, esto no sucede. El sistema de salud pareciera preferir correrse del compromiso de generar políticas específicas para estos sectores, uniformando las terapias sin contemplaciones.
En este campo también se visibiliza el rol de las mujeres como cuidadoras de la salud del grupo familiar, y las desigualdades existentes dentro del mismo. Sus decisiones llegan incluso a privilegiar el bienestar de lxs otrxs en detrimento del suyo propio.
El acceso a la salud de nuestras mujeres. Programa "Un Ramito de Lavanda Violeta"
En América Latina, el 31% de los casos de HIV se registran dentro de la población femenina. En general, las mujeres que llegan a hacerse el test es porque sus parejas ya dieron positivo. Durante el IV Congreso HIV de las Américas, que se realizó en la ciudad de México el mes pasado, varias mesas consideraron importante profundizar variables determinantes de género como las mujeres monógamas, con menos educación, poco salario y sin estabilidad económica; las mujeres solteras o con hijos que han sido infectadas por su pareja sexual; mujeres con HIV que no están integradas a ninguna comunidad ni a grupo poblacional específico, por lo cual también se encuentran dispersas y es difícil diagnosticarlas. Si bien la mayoría de los casos de sida dentro de la población femenina latinoamericana corresponden a mujeres mayores de 40 ó 50 años –que suelen llegar tarde al diagnóstico–, también se ha dado un incremento entre las adolescentes.
Durante el 2015 se realizó en Mendoza el primer juicio contra un hombre acusado de transmitir el virus a su compañera. Dicho juicio abrió un debate sobre la criminalización de las personas que padecen VIH. Sin embargo, el proceso demostró que la transmisión consciente del virus también constituye una forma de violencia hacia la mujer (el acusado, pese a estar al tanto de su condición, resolvió no decirle nada a su pareja, una decisión que impactó directamente en el cuerpo de su compañera, dañándola de por vida).
Prisión en suspenso por infectar a su novia con HIV. Por Gabriela Guilló
Las tensiones que alcanzan a las mujeres en su vida cotidiana, tanto laborales como domésticas, y que a menudo conllevan situaciones de maltrato y pérdidas personales, pueden afectar su salud mental. Minimizados o ignorados por ellas mismas, los mandatos sociales suelen jugar un rol importante en la configuración de depresiones o enfermedades nerviosas. Los principales grupos de riesgo se encuentran entre las amas de casa de mediana edad, pertenecientes a los sectores populares, con varios hijos pequeños a su cargo; las trabajadoras de doble jornada, que no «descuidan» el trabajo doméstico; y también un segmento particular conformado por mujeres que padecen condiciones laborales injustas debido al famoso techo de cristal que las limita en sus aspiraciones.
Género y salud mental: construcción de la subjetividad femenina y masculina. Por Mabel Burin
El derecho a la salud, como un derecho humano fundamental, debería ser garantizado a pleno desde los Estados nacionales y provinciales, sin restricciones o exclusiones de ningún tipo. Que esto no sucede, acabamos de comprobarlo de manera somera. Pero no nos costaría mucho ahondar en estos puntos y encontrar todo tipo de atropellos, que incluso son naturalizados por el sistema de salud hegemónico. Naturalización que comienza en los propios ámbitos de formación de las y los profesionales de la salud.
La diversidad de condiciones que atraviesan a las mujeres al momento de acceder a la atención sanitaria, se queda en las salas de espera. En la mirada patriarcal y unívoca de la medicina tradicional, no hay tratamiento especial para mujeres pobres, migrantes, explotadas sexual y/o laboralmente, lesbianas, transexuales, desplazadas, provenientes de zonas rurales, de zonas urbano-marginales, discapacitadas, etc. La asimétrica valoración social de las mujeres y las desigualdades de las que ellas son víctimas, terminan generando riesgos en su salud física, mental, social y emocional. Un sistema sanitario capaz de respetar y visibilizar las especificidades inherentes a la salud integral de las mujeres, será un sistema que a la larga beneficiará a toda la sociedad. En los activismos cotidianos, en las actitudes rebeldes de quienes no se asumen pasivamente como «pacientes», en el compromiso de lxs profesionales para superar prácticas hegemónicas, se encuentra el germen de un nuevo paradigma de salud con perspectiva de género.
IDEGEM-Instituto de Estudios de Género y Mujeres
Universidad Nacional de Cuyo
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