La Coordinadora Feminista de Mendoza ha emitido un comunicado manifestando preocupación por la vida de Rosana Sosa, la enfermera que casi muere a manos de su esposo:
El lunes 16 de
noviembre Rosana Sosa fue atacada con un
cuchillo en diferentes partes del cuerpo por su marido Fernando Fernández, médico del Hospital Central y quedó internada
al borde de la muerte en el Hospital Lagomaggiore. Fernández está en prisión y
acusado de intentar asesinar a su esposa, porque “se había realizado un
tatuaje”.
Ahora los
abogados del imputado están pidiendo el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sólo por su condición de médico, y seguramente las influencias que goza por
parte del cuerpo médico forense podría conseguirlo. Si así fuera, la justicia estaría mostrando una vez más su substancia machista, patriarcal
y clientelar.
La familia del
femicida hostiga a Rosana para que no se oponga a los beneficios. Sabemos muy
bien que ante ese escenario no hay ninguna medida de protección -prohibición de
acercamiento del agresor o de su familia- que impida que las mujeres en
situación de violencia sean alcanzadas por los agresores femicidas para conseguir
su cometido: matarlas.
Vivimos en un
país donde cada 36 horas una mujer es asesinada a manos de su pareja o ex
pareja. A poco de terminar el 2015, la Casa del Encuentro contabilizó 270 femicidios.
Desde el Estado no hay ni una estadística oficial que hable de las mujeres y
niñas desaparecidas en el país; no hay ni una cifra sobre femicidios ni sus
víctimas colaterales (niños y niñas que quedan sin sus madres); no hay nada que
permita saber cómo avanza la violencia machista y por lo tanto, ni una pista de
cómo detenerla.
Sin embargo, durante
los últimos años, producto de las luchas de mujeres y feministas, se han
sancionado diversas leyes que el estado desconoce. En 2009 se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, promulgada
ese mismo año. Al día de hoy no se ha hecho efectiva.
Exigimos al
estado políticas públicas integrales de prevención, asistencia y protección de
las mujeres, así como programas de investigación, educativos y económicos. Es
nuestra responsabilidad política demandar que el estado y todos sus poderes acaben
con todas las formas de violencias contra las mujeres:
A los abogados
defensores del femicida les decimos que no existe ningún fundamento para otorgarle
la prisión domiciliaria y exponer así a Rosana y sus hijxs.
A la justicia le
exigimos el pleno cumplimiento de las leyes que resguardan la vida e integridad
de las mujeres y repudiamos cualquier parcialidad que beneficie a un agresor
por su posición social y condición de clase.
¡No a la prisión domiciliaria del femicida Fernando Fernández!
¡Ante
la injusticia machista, lucha y organización feminista!
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